¿Se puede obligar a alguien a ser congresista? Por qué el artículo 95 de la Constitución es inaplicable

Lex superior derogat legi inferiori (la ley superior deroga o prevalece sobre la ley inferior). Ante una antinomia donde una norma menor exige algo que la norma superior prohíbe, la norma menor sufre de inaplicabilidad por incompatibilidad jerárquica. La norma inferior entonces "cede" y no puede ser ejecutada. Queda desplazada por la fuerza de la norma superior.

El debate sobre si un político elegido puede renunciar a su cargo antes de juramentar suele entramparse en una lectura al pie de la letra de la ley o en confundir el acto político con el acto jurídico.

Quienes defienden que el artículo 95 de la Constitución —el cual establece que "el mandato legislativo es irrenunciable"— obliga al elegido a asumir sí o sí, olvidan cómo funciona el derecho moderno. Sostener que el cargo es una obligación física e irrevocable es un error: este artículo, entendido como un candado que anula la voluntad del ciudadano antes de empezar a trabajar, es simplemente una norma inaplicable.

Para analizar esto con seriedad, es fundamental separar el acto político del derecho personal. Se puede criticar abiertamente la estrategia, la incoherencia o la falta de seriedad política de Rafael López Aliaga al postular a un cargo que luego decidió rechazar. Se le puede tildar de estafador, condenar mediáticamente y jurar ante Dios no votar jamás por él. Pero, eso pertenece al terreno del debate político y la sanción ciudadana en las urnas. Sin embargo, esa legítima crítica política no puede pasar por encima de su derecho subjetivo e individual a no ser obligado a ejercer una función que ya no desea. La reprobación pública a un político es la consecuencia natural y hasta justificada, pero confiscar sus libertades básicas es otra y es inadmisible.

El error principal de fondo está en confundir ganar la elección con empezar a ejercer el cargo. El voto de la gente elige a un candidato, pero el mandato no se completa de forma automática ni a la fuerza; requiere que la persona, libremente, asista y preste juramento. Obligar a alguien a legislar en contra de su voluntad, bajo amenaza de castigo, destruye el sentido de la representación política y viola un derecho humano básico: la prohibición del trabajo forzado.

Esta garantía está blindada internacionalmente por el artículo 6.2 de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y el artículo 2 del Convenio 29 de la Organización Internacional del  Trabajo (OIT), los cuales prohíben exigir a un individuo un servicio bajo la amenaza de una pena y en contra de su voluntad. Los tratados internacionales protegen la libertad de las personas por encima de las leyes locales, y ninguna Constitución puede usarse para obligar a alguien a trabajar a la fuerza. No está de más recordar que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional.

Si miramos lo que pasa en otros países, las democracias más sólidas ya superaron esta visión tan rígida. En España (Acuerdo de la Junta Electoral Central sobre renuncia al acta de Diputado electo e Instrucción de la Junta Electoral Central sobre sustitución de cargos representativo) o en el Parlamento Europeo (Fin del mandato de los Eurodiputados), por ejemplo, está clarísimo que, si un candidato electo decide no asumir su cargo o renuncia antes de juramentar, el sistema no lo persigue ni lo arrastra al hemiciclo. Simplemente se acepta su decisión y se llama de inmediato al suplente o accesitario para que ocupe su lugar. Así se protege la continuidad de las instituciones sin pisotear la libertad de nadie.

La reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al aceptar la declinación de un senador electo va exactamente en esa línea.

El tribunal ha sido sensato al aclarar que la "irrenunciabilidad" del artículo 95 constitucional solo empieza a contar cuando el congresista ya juró y está en pleno ejercicio de sus funciones. No es la solución perfecta, pero  es una solución, aunque solo de coyuntura, incompleta. La renuncia, antes o después de asumir el cargo, es siempre posible y, si no se adaptan a la tendencia de las democracias modernas, volverán a encontrarse frente a casos en donde la ley no tiene manera de hacer cumplir la irrenunciabilidad.

El voto singular del magistrado Gunther Gonzales Barrón.

El magistrado del Tribual Constitucional Gunther Gonzales Barrón emitió un voto en minoría (Resolución N.° 1758-2026-JNE). En ella sostiene que Rafael López Aliaga (RLA) se encuentra impedido de postular a un cargo municipal bajo las siguientes premisas:

• Irrenunciabilidad del cargo: El artículo 95 de la Constitución establece que el mandato legislativo es irrenunciable desde el momento en que se proclaman los resultados y se otorgan las credenciales.
• La "Abdicación de hecho": Para resolver la encrucijada de no poder obligar a RLA a juramentar, el magistrado distingue entre Renuncia, que sería imposible jurídicamente por prohibición constitucional, y Abdicación, una mera "situación de hecho" o el acto práctico de negarse a asumir o jurar.
• Imposibilidad de coacción, pero mantenimiento del impedimento: El magistrado reconoce que el Estado no puede usar la fuerza física ni imponer sanciones directas para obligar a RLA a legislar. Sin embargo, sostiene que, como el título formal de "senador electo" subsiste legalmente, el impedimento para postular a elecciones municipales sigue plenamente activo.---

Desgranemos esto:

La "Abdicación" es una figura ajena al Derecho Republicano. Es un concepto del derecho monárquico (vinculado a la soberanía sobre un trono). En una república, un representante electo no es dueño del poder en propiedad; es un ciudadano cuyo mandato solo se perfecciona mediante la juramentación libre y voluntaria.

Al calificar la negativa como una "abdicación de hecho", la postura en minoría cae en un contrasentido lógico: sostiene que el mandato de RLA subsiste y no existe al mismo tiempo. Es decir, se le considera "senador" para imponerle una restricción electoral, pero no para obligarlo a ejercer el cargo.

La realidad jurídica es más simple: el artículo 95 constitucional es impracticable e inaplicable antes de la juramentación. El artículo 6.2 del Pacto de San José (Convención Americana de Derechos Humanos) prohíbe de forma absoluta el trabajo forzado y la coerción estatal. Es un caso claro de inaplicabilidad del Art. 95 por control de convencionalidad.

Curiosamente, el magistrado reconoce la imposibilidad práctica de forzarlo, pero evita citar explícitamente el artículo 6.2 del Pacto de San José para no admitir que la norma internacional se impone a la ley local.

Y esta omisión no es casualidad. No menciona el citado pacto porque la restricción electoral sería, en realidad, una sanción encubierta a la libertad individual. Restringir la posibilidad de postular a otro cargo por el solo hecho de negarse a jurar equivale, en la práctica, a aplicar una sanción o castigo por ejercer su derecho subjetivo a cambiar de opinión y no trabajar en algo que no desea, violando el principio de legalidad y la prohibición de coacción.

¿Es razonable equiparar el deber de representación política con la prohibición del trabajo forzado?

En un debate en las redes se me dijo que no era razonable equiparar (a) el deber de representación política con (b) la prohibición del trabajo forzado. Yo no hago aquello: eso es una distorsión del argumento. Y no lo hago porque cada uno de ellos (a y b) pertenece a categorías conceptuales distintas y, por ende, son inequivalentes.

El deber de representación política pertenece al mundo de las obligaciones. La prohibición del trabajo forzado, al de las consecuencias jurídicas del incumplimiento de esas obligaciones. La obligación es un acto jurídico que se exige y depende de la voluntad libre del ciudadano; la consecuencia es lo que puede hacer o no el Estado o el acreedor frente al incumplimiento de la obligación por parte del ciudadano.

Por lo tanto, lo que estoy equiparando —y el derecho comparado me respalda— son los mecanismos de coacción y las consecuencias punitivas que el Estado o un empleador pueden legalmente aplicar sobre un ciudadano cuando este se niega a prestar un servicio personal o asumir un deber.

En el derecho civil, laboral y administrativo existe un principio universal: las obligaciones personalísimas de hacer no admiten ejecución forzada.

En el ámbito laboral/contractual, si un médico, un ingeniero o un trabajador se niega a cumplir su contrato, el empleador no puede obligarlo físicamente a trabajar, ni puede imponerle como sanción la pérdida de sus derechos civiles o el impedimento de trabajar en otra parte. Las únicas consecuencias legales son las pactadas en el contrato, la resolución del contrato y, si fuese el caso, una indemnización por daños y perjuicios, pero nada que implique la pérdida de la libertad personal.

En el ámbito político, la representación es una obligación personalísima por excelencia. Si el ciudadano electo se niega a jurar/asumir, el Estado tampoco puede obligarlo físicamente ni castigarlo quitándole otros derechos políticos. La única consecuencia institucional es activar el mecanismo de reemplazo (el accesitario).

Los límites de la coerción estatal

El deber de representación política existe, pero carece de fuerza ejecutiva sobre el cuerpo y la voluntad del ciudadano. Cuando el Estado intenta castigar la negativa a asumir un cargo privando al ciudadano de su derecho a postular a otra función, está utilizando el poder del Estado no para preservar la representación, sino como una herramienta de coacción punitiva. Y es ahí donde el artículo 6.2 del Pacto de San José le pone un freno absoluto al Estado: el poder público no puede usar sanciones o privaciones de derechos para forzar la voluntad de un individuo a realizar una tarea que no desea.

En resumen, el debate no es sobre qué es la representación política, sino sobre hasta dónde puede llegar el brazo punitivo del Estado. Ni un empleador privado ni el Estado republicano poseen la facultad de castigar o restringir derechos fundamentales a quien decide libremente no prestar un servicio personal. Pretender usar la privación de derechos políticos como garrote para forzar la asunción de un cargo es, técnicamente, una forma de coerción estatal prohibida por el derecho internacional.

Separamos la ética político-electoral del derecho fundamental

Se puede (y se debe) criticar la conducta irresponsable de RLA en el plano político, pero la única sanción posible es la que podrían darle los electores en las urnas en las próximas elecciones municipales. La condena ética jamás puede justificar que el Estado atropelle los límites infranqueables de los derechos humanos. 

En suma, el JNE (mayoría) resolvió correctamente al otorgar la credencial al accesitario.

La libertad humana como valor supremo

En una democracia de verdad, el valor supremo es la libertad humana. Convertir un cargo público en una condena de servicio obligatorio nos devolvería a épocas autoritarias que ya dejamos atrás. El Congreso se defiende llamando a los accesitarios para que trabajen, nunca encadenando a la curul a quien ya no quiere estar ahí.

Una lectura de "Los hermanos Ashkenazi" de I.J. Singer

Esta reseña  de "Los hermanos Ashkenazi" de I.J. Singer pretende ser una lectura desde la mirada del habitante de una época y geografía que no ha vivido la barbarie de los pogromos y la guerra total. Mi generación. Tu generación. Mi geografía. Tu geografía.

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Hay libros que se leen e historias que habitas. "Los hermanos Ashkenazi", la obra maestra de I.J. Singer, pertenece a este segundo y escaso grupo. A lo largo de sus casi 700 páginas, la novela no solo narra el ascenso y caída de la ciudad polaca de Łódź —la "Manchester del Este"— a lo largo de un siglo, entre el final de las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial, sino que ofrece algo que los libros de historia suelen omitir: la vibración que esos eventos causaron en la carne y el hueso de quienes vivieron en esos años, más allá del frío dato de las estadísticas.

El humo y el ruido

La novela nos sumerge en Łódź,una ciudad que es, al mismo tiempo, la tierra prometida de la segunda revolución industrial y un infierno de hollín. Situada en el corazón de Polonia y marcada por la frontera polaco-rusa, Singer nos hace respirar el aire cargado de químicos de las tintorerías y sentir el lodo de las calles que se transforman en avenidas de palacios rodeadas de tugurios infectos.

Lo más impactante es la experiencia física de las fábricas. El autor logra que escuchemos el estruendo ensordecedor de los telares mecánicos, un ruido que no solo devora el silencio, sino también la salud y la cordura de miles de obreros. En esos pasajes, el "progreso" no es una palabra elegante en un discurso, sino un monstruo de hierro que exige sacrificios humanos diarios. La ambición de Max Ashkenazi no se siente en sus pensamientos, sino en su capacidad de fundirse con ese ruido, convirtiéndose él mismo en una pieza más de la maquinaria.

El "chivo expiatorio" y el péndulo de la ocupación

Uno de los puntos más reveladores de la obra es cómo Singer retrata la vulnerabilidad de la población judía, atrapada en el péndulo de las potencias. Vemos a Łódź pasar de la ocupación rusa a la alemana, y en cada cambio de guardia, la tragedia se repite: los judíos son siempre los culpables de todo.

Singer disecciona magistralmente el mecanismo del "chivo expiatorio": cuando la economía colapsa o el ejército retrocede, los gobiernos y las poblaciones frustradas necesitan un culpable. Aquí, el antisemitismo no es un concepto abstracto, sino el sonido de una bota contra una puerta a medianoche. Esta narrativa es fundamental para entender que el éxodo hacia Palestina que se materializó en el país llamado Israel en 1948 no fue un evento súbito, sino la respuesta desesperada a siglos de ser víctimas de gobernantes de ciudades, reinos e imperios que necesitaban canalizar el odio social. Es el relato de un pueblo que ayudó a industrializar una tierra que, sin embargo, nunca terminó de aceptarlos.

Se trata, pues, de una vulnerabilidad que no ocurrió solo durante las dos Guerras Mundiales, sino que se padeció desde inicios de la diáspora judía y se practicó sistemáticamente durante la Edad Media y Moderna europeas. Una vulnerabilidad que explica la necesidad del retorno y de una tierra propia.

Los hermanos: el choque de dos voluntades

En el centro de este huracán están los hermanos Max y Jacob Ashkenazi, dos polos opuestos que encarnan las tensiones de su tiempo. Max es la voluntad pura, la ambición mecánica, un hombre que parece querer convertir su propia vida en una de sus fábricas. Jacob es el carisma, la ligereza, el hombre que fluye con el mundo. Su rivalidad no es solo fraternal; es el choque entre dos formas de entender la modernidad en un mundo que no permite errores.

Si "La marcha Radetzky" de Joseph Roth es la crónica de una "autopsia emocional" —el lento desmoronamiento de un imperio que muere por agotamiento—, "Los hermanos Ashkenazi" es el relato de un incendio. Mientras en Roth asistimos al velorio de un mundo cosmopolita y aristocrático, en Singer vemos la pira en la que arde la ambición humana. 

Lee aquí mi reseña Crónica de una autopsia emocional: La marcha Radetzky de Joseph Roth.

Ambas obras convergen en el estallido de 1914, pero Singer nos deja con una sensación más visceral de pérdida: no solo cayó un imperio, cayó un sistema de vida, una lengua y un pueblo que creyó que el progreso industrial podría protegerlo de la barbarie.

El lector sudamericano

Para un lector sudamericano, habitante de geografías marcadas por una violencia interna persistente pero ajenas a la escala de las "guerras totales" europeas, la obra de Singer resulta estremecedora. Mientras que en nuestra historia la violencia a menudo se siente como una fractura social, en los Ashkenazi la guerra se presenta como una maquinaria industrial que borra fronteras, poblaciones y culturas enteras de un plumazo.

La traducción: el reto del Idish

Es imposible no mencionar que esta obra fue originalmente escrita en idish. Y ¿qué tiene de especial? te preguntarás, querido lector. Yo me hice la misma pregunta. ¿En qué radica la dificultad? En que el idish es una lengua de fusión que mezcla estructuras germánicas, hebreas y eslavas, creando una "tensión" interna que el español no posee. 

Mientras que nuestro idioma es mayoritariamente romance y directo, el idish opera en varios niveles simultáneos: usa el hebreo para lo sagrado, el alemán para lo cotidiano y el eslavo para lo emocional. 

Traducir a Singer implica intentar replicar esa ironía autocrítica y ese sistema de diminutivos que definen jerarquías espirituales y afectivas muy precisas, las cuales suelen aplanarse o perder su "filo" al verterse al molde más solemne y categorizado del castellano.

En términos culturales, el idish encapsula la psicología de una minoría en diáspora, con conceptos como Mensch o Chutzpah que son verdaderas instituciones morales imposibles de traducir con una sola palabra. 

El reto del traductor es pasar de una lengua nacida para la resiliencia y el secretismo de los guetos a una lengua de estados-nación y grandes imperios. 

Como resultado, leer Los hermanos Ashkenazi en español es un triunfo técnico: es lograr que la melodía de un violín klezmer se escuche con claridad en una guitarra española, manteniendo el "quejido" y el alma de un mundo que ya no existe fuera de sus páginas.

Verter este mundo a nuestro idioma es un reto monumental que el traductor supera, permitiéndonos escuchar la voz auténtica de un pueblo que la historia intentó borrar.

La estadística contra el rostro

Los hermanos Ashkenazi es una lectura necesaria para entender que la historia no la hacen los mapas, sino las personas que intentan desesperadamente no ser borradas por ellos.

Hoy, mientras consumimos noticias sobre conflictos modernos donde los muertos se cuentan por miles en gráficos de barras y los desplazados son simples porcentajes en una pantalla, la obra de Singer actúa como un correctivo moral. Nos recuerda que, detrás de cada cifra económica y de cada movimiento de tropas, hubo una vez un hombre que, como Max Ashkenazi, creyó que podía ser el dueño de su destino. 

Cerrar este libro es dejar de ver la historia como una estadística para empezar a verla, de nuevo, como una herida humana.

¿Capitalismo feudal o soberanía del consumidor?

 

Una respuesta a Roberto Seghetti desde la experiencia de mis 62 años

En el debate económico actual, ha ganado fuerza una etiqueta provocadora: el "capitalismo feudal". 

Uno de sus exponentes, el periodista italiano Roberto Seghetti, sostiene que hemos regresado a una estructura medieval. Según él, las grandes tecnológicas no compiten, sino que son "señores" que cobran tributos por acceder a la "tierra digital" (Amazon, Netflix, Google).

Habiendo vivido la era del vinilo, el cassette y el CD, y tras haber hecho verdaderas proezas para conseguir un solo disco de 45 RPM (dos canciones) en mi juventud, tengo argumentos para decir que esta crítica es una pataleta ideológica que ignora la realidad del bolsillo y la libertad del usuario. 

Seghetti argumenta que estas plataformas son parásitos que extraen renta de un mercado cautivo.

• La realidad: Un señor feudal cobraba por un puente que él no mantenía. Hoy, pagamos por una proeza tecnológica: servidores globales que transmiten en 4K sin cortes y algoritmos que aprenden de nuestros gustos. Mantener esa "biblioteca de Alejandría" en la palma de tu mano cuesta miles de millones en inversión constante. No es un peaje; es un servicio de lujo a precio de risa.

Para los críticos, no ser dueño del objeto físico es una pérdida de poder. Yo lo veo al revés:

• La fragilidad física: Los discos se rayan, las cintas se enreden y los CDs se oxidan. Pero hay algo más: lo físico te lo pueden robar. Un incendio o un robo en casa acababa con tu colección de años.

• La invulnerabilidad digital: Mis licencias en la nube no se queman ni se pierden. Y seamos pragmáticos: si le das tus claves a tus hijos, ellos heredan tu biblioteca entera sin pagar un solo centavo de impuesto de sucesiones y sin que ocupe un metro cuadrado de estantería. Es propiedad líquida, segura y portátil.

Seghetti ve un sistema de "vasallaje" donde el pequeño productor sufre.

• El viejo paradigma: En los 80, mandaban cinco ejecutivos de discográficas. Si ellos decían que no eras comercial, no existías. Eso sí era un feudo cerrado.

• Hoy mandamos nosotros: Cualquier artista se autopublica hoy desde su habitación. La "curaduría" ya no es una imposición de un tipo con traje en una oficina de Nueva York o Tokio; es un diálogo democrático entre el creador y el público a través de la red.

• Irónicamente, la mirada de Seghetti es la que permanece anclada en una mentalidad feudal al no comprender la diferencia entre la carga de la propiedad y la libertad del acceso. 

• Su error es fetiche: cree que la libertad reside en poseer el objeto físico (el disco, el libro, el soporte), sin entender que ser dueño de un objeto te obliga a su mantenimiento, cuidado y protección contra el robo o el tiempo. 

• En la economía moderna, el consumidor inteligente ha descubierto que es mucho más libre quien posee el derecho de uso que quien carga con el peso del activo; delegamos el mantenimiento y la obsolescencia a la plataforma para reservar nuestro tiempo y capital en lo que realmente importa. El siervo medieval estaba atado a la tierra por obligación; el usuario de hoy entra y sale del servicio por elección, demostrando que la verdadera soberanía no es acumular cosas, sino poseer opciones.

Por último, para desarmar la teoría de Seghetti, solo hace falta una calculadora.

• En 1980: Un disco de vinilo de estreno costaba unos $8.99 USD.

• Ajustado a 2026: Esos mismos $8.99 equivalen hoy a unos $38.00 USD.

La conclusión es letal: Con el precio de un solo disco físico en los 80, hoy pagas tres meses de acceso ilimitado a 100 millones de canciones. Somos un 300% más ricos en acceso cultural que cuando éramos "dueños" de trozos de plástico.

El error de Seghetti es confundir la conveniencia con la coacción. El siervo medieval no podía elegir a su señor; nosotros elegimos la plataforma porque nos da un valor incalculable por una suma ridícula.

A mis 62 años, no me siento un "siervo". Me siento el dueño de una riqueza cultural que mis padres ni siquiera pudieron imaginar. 

Llamar a esto "feudalismo" no es economía; es nostalgia mal informada.