Recortaron las facultades. La gestión sigue esperando

El 16 de septiembre el cuadro era claro. El gobierno pedía 120 días para dictar 66 medidas. El Congreso no daba luz verde. Desde Palacio se anunciaba que ya se estaban aprobando decretos de urgencia. Esa lectura correspondía a ese momento. Lo de esta semana permite ver el mismo conflicto con más datos, y deja abierta una pregunta que ni el recorte ni la queja del Ejecutivo responden del todo:

¿Hace falta una ley nueva o hace falta decidir?

Leer: Cuando el Congreso frena y Palacio no espera: facultades, decretos y la máquina que no engrasa

El jueves la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó archivar el pedido. Aprobó un texto más corto: 90 días y solo dos materias, seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. El dictamen, impulsado por Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno, salió con 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Falta el pleno de Diputados, convocado para el martes 6, y después el Senado. Leer: Dictamen sobre pedido de facultades ingresó a la agenda del Pleno de la Cámara de Diputados

El editorial de El Comercio llamó a ese resultado una actitud mezquina. Reconoció que el consenso evitó el archivo que pretendía Juntos por el Perú, pero sostuvo que podar la mayor parte de las facultades es una mezquindad que se debe corregir en el pleno. Recordó que, desde la Constitución de 1979, casi todos los gobiernos recibieron delegación legislativa. Leer: Una actitud mezquina

El premier Luis Galarreta dijo algo parecido en otro registro: saludó que no se archivara el pedido y advirtió que recortar las facultades frena al país. Habló de una ola criminal sin precedentes, del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía, de inteligencia, de penas más duras contra bandas transnacionales, de titulación de tierras agrícolas frente a El Niño y de agua y desagüe. Confía en que el pleno amplíe el alcance. Leer: Premier: Recortar las facultades frena al país

Las dos lecturas coinciden en el forcejeo y se quedan cortas en la gestión. Que una bancada haya buscado negarlo todo, y que otras hayan dejado solo dos materias, describe un conflicto real. No demuestra que el país esté frenado solo por falta de ley. 

Galarreta tiene razón en un punto: parte de lo pedido —tipificar mejor el crimen organizado, precisar el apoyo militar y ordenar la respuesta ante daños de El Niño— no se resuelve con un memorándum. El editorial también acierta al separar el archivo total, que era un bloqueo, del recorte, que es una negociación. El pleno dirá hasta dónde alcanza la negociación.

Pero, lo que ninguna de las dos notas examina es lo que el Estado puede hacer sin norma nueva. 

No está claro si este gobierno se pierde en la falta de ley o en la falta de gestión. Expertos en gestión pública sostienen que con lo que ya tiene podría haber avanzado en varios frentes. Poner orden en los penales es un problema de mando: quién decide, quién controla y quién responde. Mejorar el tránsito depende de decisiones y de control. Acelerar trámites es gestión. Promover inversiones es gestión. Abrir mercados es gestión y trabajo comercial. El propio premier se reunió con la Cámara de Comercio de Lima para hablar de inversión y empleo formal. Esa agenda no espera al dictamen. ¿Lo necesita?

El anuncio de decretos del 14 de septiembre sirvió sobre todo como presión. Un decreto de urgencia mueve recursos, atiende una emergencia y habilita compras. No reforma la Policía, no cambia el sistema penitenciario y no modifica leyes orgánicas. Sirve para la plata extraordinaria. No reemplaza a un jefe que no hace cumplir la norma vigente.

Los decretos pueden acelerar compras. Una ley delegada puede precisar penas y competencias. Pero, ninguna de las dos ordena por sí sola un penal, fluidifica el tránsito ni acorta un trámite que hoy se demora en el despacho.

El conflicto de septiembre sigue abierto: un sector del Congreso que no suelta el paquete completo y un Ejecutivo que dice que, así, el país se frena. 

El recorte muestra que se pudo evitar el archivo. No muestra que la gestión esté a la espera de un permiso. Lo urgente puede delegarse. Lo cotidiano no necesita una ley nueva. Y es ahí donde, hasta ahora, el gobierno todavía no ha dado una respuesta clara.

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El único golpe 

La ley del más fuerte en el aula: Cuando la disciplina institucional institucionaliza la violencia

Foto: Epicentro TV. 21 setiembre 2026.

Hay etapas de la vida a las que uno nunca desearía volver, pero cuyos ecos nos alcanzan cada vez que la prensa destapa una nueva tragedia en los pasillos de una escuela.

Al leer sobre la reciente denuncia de agresión grupal en el Liceo Naval, el impacto no surge solo de la indignación frente al hecho puntual, sino de un amargo e inconfundible sentimiento de déjà vu. Para quienes sobrevivimos a la etapa escolar anhelando únicamente el día de la graduación, estas noticias no son casos aislados ni anomalías repentinas: son la herida abierta de una arquitectura de poder que conocemos muy bien.

¿Qué es lo que no estamos viendo?

Frente a noticias trágicas y sobrecogedoras como esta —que se repiten en el Liceo Naval y en tantas otras escuelas—, el debate público suele encasillarse en dos trincheras predecibles: el análisis jurídico sobre penas e imputabilidades, o la psicologización individual de los agresores. Sin embargo, poco se escribe sobre las estructuras de poder invisibles pero omnipresentes que moldean la vida cotidiana dentro del aula. Cada escuela y cada salón de clases es, en esencia, un espacio social cerrado que refleja los defectos y virtudes de las familias de donde provienen los alumnos; un microcosmos diseñado por las interacciones de los estudiantes y los límites, premios y castigos que la escuela entrega. Un complejo que exige ser gobernado con justicia y no con sometimiento. Para entender cómo se incuban las dinámicas de abuso, es indispensable analizar la arquitectura social de nuestras escuelas, los incentivos que se dan dentro de ella y cómo los hemos padecido a lo largo de las décadas.

La herencia de la verticalidad y el aislamiento monosexual

Vivimos en una sociedad históricamente adiestrada en la verticalidad y el culto a la subordinación, rasgos que trascienden los muros e impregnan las aulas de colegios públicos y privados por igual.

Esta lógica la viví y sufrí en carne propia durante los años setenta, cuando hice la secundaria en un colegio privado de provincia regido por sacerdotes. En aquel entonces primaba la idea de que los colegios exclusivos para varones eran el espacio ideal para "forjar el carácter". Fue una mala estrategia pedagógica. Crear entornos artificialmente segregados solo sirvió para exacerbarnos en una competencia brutal por la dominación física y el estatus social.

La vida real está hecha de hombres y mujeres, pero a nosotros se nos aisló de la convivencia cotidiana con ellas; al egresar, muchos no sabíamos ni cómo entablar una conversación básica con una mujer. En ese ecosistema rígido, donde materias de sensibilidad como Música serían eliminadas para imponer la educación premilitar, el ideal de orden se redujo a la obediencia ciega y a la represión de la vulnerabilidad.

El brigadier y la impunidad: la delegación del monopolio de la fuerza

Desde mis tiempos —y hasta el día de hoy—, en una parte importante de los colegios del Perú se nombra a estudiantes como brigadier, brigadier general, sub-brigadier o brigadier de aula, casi siempre junto a la policía escolar. Aunque no tiene potestad sancionadora formal, el lenguaje —cordones, jerarquía, juramento, “estado mayor” estudiantil— reproduce una lógica de mando y subordinación que riñe abiertamente con cualquier discurso de convivencia democrática.

Es en este diseño donde germina la perversión más clara de la convivencia escolar: la externalización de la coerción. Cuando una institución educativa renuncia a gobernar con justicia y prioriza el control inmediato por encima de la ética, echa mano del mecanismo más eficiente a su alcance: la intimidación.

El ejemplo que mejor sintetiza esta aberración es la figura del brigadier de aula. Entre mis compañeros había estudiantes brillantes, con capacidad de liderazgo o empatía; sin embargo, las autoridades jamás consideraron a ninguno de ellos para el puesto. Prefirieron nombrar brigadier al matón del salón. La estrategia del colegio era tan pragmática como nefasta: cooptar al violento para delegarle el monopolio informal de la fuerza.

Al revestir al agresor con una insignia oficial —y al ignorar sistemáticamente las golpizas que dejaba a otros alumnos con hematomas gigantes o sangrando por la nariz—, el colegio le otorgó una patente de corso. Se creó así una microestructura feudal dentro del aula: los amigos del matón tenían licencia abierta para hacer bullying con total impunidad a cambio de lealtad, mientras los demás debíamos portarnos bien bajo la doble amenaza del castigo institucional y de la violencia física sin sanción. El matón tenía ahora la ley de su parte. El mensaje pedagógico era contundente: la razón y el mérito no valían nada frente al poder de la fuerza bruta respaldada por el sistema.

El oasis universitario y la urgencia de cambiar el modelo

Para quienes fuimos víctimas de ese sistema de acoso institucionalizado, la etapa escolar no fue un espacio de formación, sino una prueba de supervivencia. Recuerdo pedir a mis padres que me cambiaran de colegio y, al no ser posible, aprender a convivir y sobrevivir con el maltrato y la violencia diaria, contando uno a uno los días que me faltaban para salir y no volver jamás (no he vuelto jamás). Por eso, el ingreso a la universidad representó un verdadero oasis de paz: un entorno donde, por primera vez, la libertad de pensamiento, el debate de ideas y la convivencia natural entre hombres y mujeres reemplazaban a la lógica del sometimiento.

Desconozco los detalles finos del modelo escolar actual, pero puedo ver sus resultados. Sospecho que lo ocurrido recientemente es la consecuencia predecible de un sistema educativo que no ha sabido administrar la diversidad ni las carencias del entorno familiar, y que históricamente ha validado, delegado y tolerado la intimidación como método de gobierno escolar.

Mientras las escuelas no asuman el desafío pedagógico de gobernar las aulas con justicia, respeto mutuo y equidad, continuaremos formando espacios donde el abuso no es una falla del sistema, sino su resultado natural.

Cuando el Congreso frena y Palacio no espera: facultades, decretos y la máquina que no engrasa

Foto: IDEHPUCP Artículo "¿Un “caballo de Troya”? Apuntes sobre el pedido de delegación de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori" de Daniela Pulido Ramírez

El Ejecutivo quiere legislar rápido. El Congreso no quiere ceder el volante. Mientras tanto, se anuncian decretos de urgencia. Un clásico latinoamericano, ahora en versión bicameral.

El poder odia el vacío, pero sobre todo detesta la espera. Mientras las comisiones parlamentarias se arrastraban entre debates lánguidos e informes desfavorables, desde la cúpula del Ejecutivo llegó la confirmación de que la paciencia se había agotado: «Se están ya aprobando una serie de decretos de urgencia». La escena, ocurrida este 14 de septiembre de 2026, retrató a la perfección el pulso de la política peruana. Ante un Palacio Legislativo atrincherado en sus plazos y un Ejecutivo apurado por mostrar gestión, el gobierno decidió cortar camino antes de esperar la luz verde del Parlamento.

En la mesa del Congreso quedó congelada una solicitud ambiciosa: un plazo de 120 días calendario para promulgar 66 medidas legislativas enfocadas en seguridad ciudadana, la emergencia por el fenómeno de El Niño y la reactivación económica. La respuesta parlamentaria ha sido contundente: siete comisiones legislativas dictaminaron en contra, la Comisión de Constitución pateó el dictamen final y las principales bancadas marcaron una línea roja bajo la consigna de que «solo se delegará lo estrictamente urgente.

Para entender este cortocircuito sin perderse en el articulado constitucional, conviene rescatar al politólogo italiano Giovanni Sartori. En su célebre tratado sobre ingeniería constitucional, Sartori explicó que las constituciones no son cartas de reyes magos ni listas de buenas intenciones, sino máquinas de premios y castigos diseñadas para que el poder funcione. «Las constituciones se parecen a las máquinas, esto es, a mecanismos que deben funcionar y producir algo... pero difícilmente funcionarán como se desea a menos que empleen la "maquinaria" de Bentham: los castigos y las recompensas», advertía el italiano.

El problema genético del presidencialismo latinoamericano (en especial, el peruano) es que crea dos poderes independientes, ambos elegidos por voto popular, pero sin una palanca clara que los obligue a pactar cuando no comparten camiseta política. Cuando la Constitución no establece un plan A, es decir, cuando la máquina no incentiva la cooperación, el presidente se descubre al volante de un vehículo trabado y apuesta por un Plan B: pedir paquetes gigantescos de facultades delegadas para avanzar cuando el motor principal sencillamente no echa a andar la maquina.

El Legislativo, entonces, bloquea el plan B y, ante ello, la tentación inmediata es saltar al plan C: el decreto de urgencia. Esta herramienta es el comodín por excelencia del gabinete para no quedar paralizado, pero tiene fronteras constitucionales muy marcadas. Sirve para inyectar recursos económicos extraordinarios, reasignar presupuesto de emergencia y disponer medidas financieras inmediatas, pero no puede tocar la reforma de la Policía Nacional, el rediseño del sistema penitenciario ni la alteración de leyes orgánicas.

Ese es el juego político. Un juego donde el impacto es la percepción. Cada decreto firmado desde el Consejo de Ministros será leído en el Congreso como una afrenta: «están gobernando por la libre». Y cada objeción en las comisiones será leída en Palacio como un boicot deliberado a la gobernabilidad. Un juego de suma cero.

Hay dos 2 escenarios probables: Si las bancadas y el gabinete acuerdan en los próximos días un paquete recortado, todos salvarán la cara frente a las cámaras. O, si el pedido termina archivado, el país continuará en su dinámica habitual: el Ejecutivo gobernando a golpe de decretos al límite de su competencia y el Legislativo respondiendo con comisiones revisoras y vetos parciales. 

Sartori lo explicó con lucidez: el drama de nuestras democracias no es esta discusión puntual de septiembre; el verdadero drama es que la excepción (la parálisis y el Plan B o, peor aún, el C) se convirtió en la regla de gobierno.

En estos días, en política, en el Perú no se discuten solo 66 puntos. Se discute si se condena al país a continuar repitiendo el mismo círculo vicioso: un Congreso que frena y un Ejecutivo que pide cheques en blanco para temas urgentes y no urgentes y que advierte que empezará a gobernar a golpe de decretos.

¿Qué sucederá? Esperemos. El pulso apenas empieza.