La ley del más fuerte en el aula: Cuando la disciplina institucional institucionaliza la violencia

Foto: Epicentro TV. 21 setiembre 2026.

Hay etapas de la vida a las que uno nunca desearía volver, pero cuyos ecos nos alcanzan cada vez que la prensa destapa una nueva tragedia en los pasillos de una escuela.

Al leer sobre la reciente denuncia de agresión grupal en el Liceo Naval, el impacto no surge solo de la indignación frente al hecho puntual, sino de un amargo e inconfundible sentimiento de déjà vu. Para quienes sobrevivimos a la etapa escolar anhelando únicamente el día de la graduación, estas noticias no son casos aislados ni anomalías repentinas: son la herida abierta de una arquitectura de poder que conocemos muy bien.

¿Qué es lo que no estamos viendo?

Frente a noticias trágicas y sobrecogedoras como esta —que se repiten en el Liceo Naval y en tantas otras escuelas—, el debate público suele encasillarse en dos trincheras predecibles: el análisis jurídico sobre penas e imputabilidades, o la psicologización individual de los agresores. Sin embargo, poco se escribe sobre las estructuras de poder invisibles pero omnipresentes que moldean la vida cotidiana dentro del aula. Cada escuela y cada salón de clases es, en esencia, un espacio social cerrado que refleja los defectos y virtudes de las familias de donde provienen los alumnos; un microcosmos complejo que exige ser gobernado con justicia y no con sometimiento. Para entender cómo se incuban las dinámicas de abuso, es indispensable analizar la arquitectura social de nuestras escuelas y cómo la hemos padecido a lo largo de las décadas.

La herencia de la verticalidad y el aislamiento monosexual

Vivimos en una sociedad históricamente adiestrada en la verticalidad y el culto a la subordinación, rasgos que trascienden los muros e impregnan las aulas de colegios públicos y privados por igual.

Esta lógica la viví y sufrí en carne propia durante los años setenta, cuando hice la secundaria en un colegio privado de provincia regido por sacerdotes. En aquel entonces primaba la idea de que los colegios exclusivos para varones eran el espacio ideal para "forjar el carácter". Fue una mala estrategia pedagógica. Crear entornos artificialmente segregados solo sirvió para exacerbarnos en una competencia brutal por la dominación física y el estatus social.

La vida real está hecha de hombres y mujeres, pero a nosotros se nos aisló de la convivencia cotidiana con ellas; al egresar, muchos no sabíamos ni cómo entablar una conversación básica con una mujer. En ese ecosistema rígido, donde materias de sensibilidad como Música serían eliminadas para imponer la educación premilitar, el ideal de orden se redujo a la obediencia ciega y a la represión de la vulnerabilidad.

El brigadier y la impunidad: la delegación del monopolio de la fuerza

Desde mis tiempos —y hasta el día de hoy—, en una parte importante de los colegios del Perú se nombra a estudiantes como brigadier, brigadier general, sub-brigadier o brigadier de aula, casi siempre junto a la policía escolar. Aunque no tiene potestad sancionadora formal, el lenguaje —cordones, jerarquía, juramento, “estado mayor” estudiantil— reproduce una lógica de mando y subordinación que riñe abiertamente con cualquier discurso de convivencia democrática.

Es en este diseño donde germina la perversión más clara de la convivencia escolar: la externalización de la coerción. Cuando una institución educativa renuncia a gobernar con justicia y prioriza el control inmediato por encima de la ética, echa mano del mecanismo más eficiente a su alcance: la intimidación.

El ejemplo que mejor sintetiza esta aberración es la figura del brigadier de aula. Entre mis compañeros había estudiantes brillantes, con capacidad de liderazgo o empatía; sin embargo, las autoridades jamás consideraron a ninguno de ellos para el puesto. Prefirieron nombrar brigadier al matón del salón. La estrategia del colegio era tan pragmática como nefasta: cooptar al violento para delegarle el monopolio informal de la fuerza.

Al revestir al agresor con una insignia oficial —y al ignorar sistemáticamente las golpizas que dejaba a otros alumnos con hematomas gigantes o sangrando por la nariz—, el colegio le otorgó una patente de corso. Se creó así una microestructura feudal dentro del aula: los amigos del matón tenían licencia abierta para hacer bullying con total impunidad a cambio de lealtad, mientras los demás debíamos portarnos bien bajo la doble amenaza del castigo institucional y de la violencia física sin sanción. El matón tenía ahora la ley de su parte. El mensaje pedagógico era contundente: la razón y el mérito no valían nada frente al poder de la fuerza bruta respaldada por el sistema.

El oasis universitario y la urgencia de cambiar el modelo

Para quienes fuimos víctimas de ese sistema de acoso institucionalizado, la etapa escolar no fue un espacio de formación, sino una prueba de supervivencia. Recuerdo pedir a mis padres que me cambiaran de colegio y, al no ser posible, aprender a convivir y sobrevivir con el maltrato y la violencia diaria, contando uno a uno los días que me faltaban para salir y no volver jamás (no he vuelto jamás). Por eso, el ingreso a la universidad representó un verdadero oasis de paz: un entorno donde, por primera vez, la libertad de pensamiento, el debate de ideas y la convivencia natural entre hombres y mujeres reemplazaban a la lógica del sometimiento.

Desconozco los detalles finos del modelo escolar actual, pero puedo ver sus resultados. Sospecho que lo ocurrido recientemente es la consecuencia predecible de un sistema educativo que no ha sabido administrar la diversidad ni las carencias del entorno familiar, y que históricamente ha validado, delegado y tolerado la intimidación como método de gobierno escolar.

Mientras las escuelas no asuman el desafío pedagógico de gobernar las aulas con justicia, respeto mutuo y equidad, continuaremos formando espacios donde el abuso no es una falla del sistema, sino su resultado natural.

Cuando el Congreso frena y Palacio no espera: facultades, decretos y la máquina que no engrasa

Foto: IDEHPUCP Artículo "¿Un “caballo de Troya”? Apuntes sobre el pedido de delegación de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori" de Daniela Pulido Ramírez

El Ejecutivo quiere legislar rápido. El Congreso no quiere ceder el volante. Mientras tanto, se anuncian decretos de urgencia. Un clásico latinoamericano, ahora en versión bicameral.

El poder odia el vacío, pero sobre todo detesta la espera. Mientras las comisiones parlamentarias se arrastraban entre debates lánguidos e informes desfavorables, desde la cúpula del Ejecutivo llegó la confirmación de que la paciencia se había agotado: «Se están ya aprobando una serie de decretos de urgencia». La escena, ocurrida este 14 de septiembre de 2026, retrató a la perfección el pulso de la política peruana. Ante un Palacio Legislativo atrincherado en sus plazos y un Ejecutivo apurado por mostrar gestión, el gobierno decidió cortar camino antes de esperar la luz verde del Parlamento.

En la mesa del Congreso quedó congelada una solicitud ambiciosa: un plazo de 120 días calendario para promulgar 66 medidas legislativas enfocadas en seguridad ciudadana, la emergencia por el fenómeno de El Niño y la reactivación económica. La respuesta parlamentaria ha sido contundente: siete comisiones legislativas dictaminaron en contra, la Comisión de Constitución pateó el dictamen final y las principales bancadas marcaron una línea roja bajo la consigna de que «solo se delegará lo estrictamente urgente.

Para entender este cortocircuito sin perderse en el articulado constitucional, conviene rescatar al politólogo italiano Giovanni Sartori. En su célebre tratado sobre ingeniería constitucional, Sartori explicó que las constituciones no son cartas de reyes magos ni listas de buenas intenciones, sino máquinas de premios y castigos diseñadas para que el poder funcione. «Las constituciones se parecen a las máquinas, esto es, a mecanismos que deben funcionar y producir algo... pero difícilmente funcionarán como se desea a menos que empleen la "maquinaria" de Bentham: los castigos y las recompensas», advertía el italiano.

El problema genético del presidencialismo latinoamericano (en especial, el peruano) es que crea dos poderes independientes, ambos elegidos por voto popular, pero sin una palanca clara que los obligue a pactar cuando no comparten camiseta política. Cuando la Constitución no establece un plan A, es decir, cuando la máquina no incentiva la cooperación, el presidente se descubre al volante de un vehículo trabado y apuesta por un Plan B: pedir paquetes gigantescos de facultades delegadas para avanzar cuando el motor principal sencillamente no echa a andar la maquina.

El Legislativo, entonces, bloquea el plan B y, ante ello, la tentación inmediata es saltar al plan C: el decreto de urgencia. Esta herramienta es el comodín por excelencia del gabinete para no quedar paralizado, pero tiene fronteras constitucionales muy marcadas. Sirve para inyectar recursos económicos extraordinarios, reasignar presupuesto de emergencia y disponer medidas financieras inmediatas, pero no puede tocar la reforma de la Policía Nacional, el rediseño del sistema penitenciario ni la alteración de leyes orgánicas.

Ese es el juego político. Un juego donde el impacto es la percepción. Cada decreto firmado desde el Consejo de Ministros será leído en el Congreso como una afrenta: «están gobernando por la libre». Y cada objeción en las comisiones será leída en Palacio como un boicot deliberado a la gobernabilidad. Un juego de suma cero.

Hay dos 2 escenarios probables: Si las bancadas y el gabinete acuerdan en los próximos días un paquete recortado, todos salvarán la cara frente a las cámaras. O, si el pedido termina archivado, el país continuará en su dinámica habitual: el Ejecutivo gobernando a golpe de decretos al límite de su competencia y el Legislativo respondiendo con comisiones revisoras y vetos parciales. 

Sartori lo explicó con lucidez: el drama de nuestras democracias no es esta discusión puntual de septiembre; el verdadero drama es que la excepción (la parálisis y el Plan B o, peor aún, el C) se convirtió en la regla de gobierno.

En estos días, en política, en el Perú no se discuten solo 66 puntos. Se discute si se condena al país a continuar repitiendo el mismo círculo vicioso: un Congreso que frena y un Ejecutivo que pide cheques en blanco para temas urgentes y no urgentes y que advierte que empezará a gobernar a golpe de decretos.

¿Qué sucederá? Esperemos. El pulso apenas empieza.

Entre la seguridad y la geopolítica: el debate en Perú por la adhesión al Escudo de las Américas

 

Foto: Canal N: Escudo de las Américas: ¿Qué es y cuáles son sus objetivos?

• La oposición denuncia la injerencia de EE.UU. pero condesciende ante la influencia de China. 
• El rechazo al acuerdo prioriza el purismo político sobre la urgente protección de la ciudadanía.
• Descartar la "única" propuesta transnacional frente al crimen organizado condena a los ciudadanos a sucumbir frente a la delincuencia.

La reciente confirmación de la adhesión del Perú al Escudo de las Américas ha vuelto a encender el debate sobre los límites de la soberanía, la seguridad nacional y la política exterior. Esta iniciativa busca articular un marco regional de cooperación para el intercambio de inteligencia y la acción coordinada contra el crimen organizado transnacional. 

No se trata de un tratado de defensa mutua —no es un TIAR 2026—, sino de un mecanismo operativo frente a redes delictivas complejas como el Tren de Aragua. El anuncio formal peruano, realizado el pasado 10 de septiembre de 2026 tras el encuentro entre Keiko Fujimori y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, ha generado reacciones intensas y polarizadas en el escenario político local.

Las posturas en el plano nacional

Los sectores favorables a la adhesión destacan que la magnitud y, en especial, la complejidad del crimen transnacional exigen capacidades de inteligencia y tecnología que superan los recursos individuales del Estado peruano. El acuerdo, sostienen, no implica una cesión formal de soberanía y recuerdan que el eventual ingreso de tropas u operadores extranjeros al territorio nacional continuaría sujeto a la aprobación constitucional del Congreso de la República.

La oposición —principalmente articulada por agrupaciones de izquierda y diversas organizaciones sociales— alerta sobre los riesgos de un alineamiento ideológico automático con Washington. Entre sus principales objeciones señalan el peligro de una intervención indirecta, la concesión de inmunidades al personal extranjero, el uso de la agenda de seguridad con fines geopolíticos frente a China y, en última instancia, una subordinación de la política de defensa peruana a las prioridades estratégicas de la potencia norteamericana.

El debate sobre la soberanía y los dobles raseros

La cuestión gira en torno a la soberanía, pero solo en apariencia. La soberanía es el pretexto, mientras que el meollo del asunto está en la ideología. Así lo han aceptado varios intelectuales y profesores universitarios del país y la región.

En conjunto: Vidarte, Zeballos, Kahhat, La Silla Vacía (Pastrana) y La Marea (López) sostienen la tesis del alineamiento ideológico; Zeballos y La República sostienen la tesis del gesto político ante la crisis de inseguridad. El gesto político, sin embargo, es una frase engañosa, pues este es, en esencia, producto de una proximidad ideológica.

Pero, concedamos el beneficio de la duda y admitamos, solo por un minuto, que el factor clave es la soberanía. Cabe preguntarse entonces si la izquierda define y aplica este principio en el país de modo uniforme y coherente. Para evaluarlo, bastan dos casos: el de las brigadas de médicos cubanos y el del megapuerto de Chancay.

Ciertos sectores que critican con vehemencia el acuerdo con Estados Unidos no reaccionan con la misma alarma ante la presencia médica cubana —marcada por denuncias sobre el control estatal de sus salarios y su dimensión diplomática— o ante la creciente huella económica e infraestructura de China en el país. Por el contrario, se suele mostrar una mayor disposición a condescender cuando se trata, por ejemplo, de Pekín y el megapuerto de Chancay, operado por la estatal Cosco Shipping y envuelto en disputas legales sobre el alcance de la supervisión de organismos reguladores locales como Ositrán. 

Esto es un sesgo. Y quienes cuestionan este sesgo señalan la existencia de un estándar asimétrico que se activa ante las iniciativas de Estados Unidos, pero adopta una postura considerablemente más permisiva frente a otros actores globales. Esta incoherencia se manifiesta en diversos ámbitos de la discusión pública: en la condena o relativización de regímenes no democráticos según su alineamiento de bloque; en una crítica más severa hacia la inversión privada occidental que hacia proyectos extractivos financiados por corporaciones estatales de otros bloques; y en una defensa de la "soberanía" que se invoca ante la presencia militar o diplomática de Washington, pero que no muestra la misma cautela ante la dependencia económica, financiera o tecnológica respecto a Pekín u otros actores afines.

Balances y perspectivas

El Escudo de las Américas no es una iniciativa exenta de riesgos, del mismo modo que la presencia china o cubana tampoco es neutra ni inocua. Lo que este debate evidencia es que, para gran parte del espectro político, la soberanía suele medirse no por el grado real de control e independencia que conserva el Estado peruano, sino por la afinidad ideológica con la potencia de turno.

Este sesgo no es exclusivo de un solo sector: la misma subordinación acrítica que se le reprocha a la izquierda respecto a Pekín o La Habana puede aparecer, en sentido inverso, en quienes celebran sin reservas cualquier alineamiento con los intereses de Washington.

La dinámica evoca una metáfora médica: ante un paciente gravemente enfermo, el médico le ofrece el único tratamiento disponible; uno de los familiares, sin embargo, rechaza la terapia no porque tenga una mejor alternativa, sino porque el médico le resulta antipático. Cuando se le advierte que sin ese tratamiento el paciente morirá, la respuesta implícita parece ser que poco importa, con tal de no transigir ideológicamente.

Para la izquierda, el dilema no radica en la efectividad de la gestión pública (como debiera), sino en la preservación de su reputación ideológica. 

Si el Escudo de las Américas demuestra ser eficaz, representaría una pésima noticia para su relato político: desmontaría la retórica antiimperialista (que solo se activa contra EE.UU.), neutralizaría la profundización de las contradicciones sociales y debilitaría su proyecto de retorno al poder a través del descontento.

Más allá de las tiranteces ideológicas, el Escudo de las Américas constituye hoy la única propuesta transnacional novedosa sobre la mesa para enfrentar una amenaza compleja que ha desbordado, por completo, los enfoques locales y de cooperación sobre seguridad ciudadana. Cabe preguntarse si la batería de herramientas tradicionales —mecanismos multilaterales como la CICAD o la ONU, e instancias de cooperación judicial y policial como Interpol, la DEA o el FBI— ha funcionado realmente. Las estadísticas dicen lo contrario: entre enero y julio de 2026, el crimen organizado cobró en el Perú más de 1,500 víctimas de extorsión y sicariato, dejando 1,241 fallecidos a manos de redes como el Tren de Aragua (La República, 16 de agosto de 2026, con cifras del SINADEF y la Fiscalía).

La iniciativa no es, con seguridad, ni perfecta ni inocua, pero rechazarla sin plantear una alternativa equivale, en la práctica, a condenar al país a sucumbir frente al crimen organizado.