Esta anécdota familiar, casi cómica, es en realidad un retrato perfecto de la crisis cívica que vivimos. No escribo esto como experto en pedagogía, sino desde mi formación como abogado y el más elemental sentido común:
¿Será que, hoy en día, a los niños se les educa en una burbuja de derechos sin contraparte, preparándolos para un mundo que no existe?
Cuando un niño cruza la puerta del colegio por primera vez, ocurre un hecho trascendental: sale del entorno protegido de la familia y hace su ingreso a la vida pública. En la casa mandan el afecto, la protección incondicional y el criterio particular de los padres. Pero en la escuela se encuentra con decenas de niños que vienen de hogares totalmente distintos, cada uno con su propio estándar de lo que es el respeto, la autoridad, el límite o la falta grave.
Ahí surge el primer gran error de nuestros tiempos: la pretensión de que la escuela deba amoldarse al estándar familiar de cada alumno. Eso es impracticable. La escuela no puede funcionar como un espacio a la carta donde cada familia decide qué norma le acomoda y cuál no. Para que la convivencia sea posible, la institución necesita aplicar un estándar común y predecible para todos. A eso lo llamamos régimen de disciplina o reglas de convivencia. No se trata de autoritarismo; es la primera lección cívica de la vida: para vivir en sociedad, el estándar privado de la casa debe ceder ante la regla común del espacio público.
El segundo punto tiene que ver con cómo entendemos la educación cívica. Hemos llenado el discurso educativo de frases bienintencionadas sobre "los derechos" y "el respeto a la diversidad", pero nos hemos olvidado de una noción legal y humana fundamental: el abuso del derecho.
Cualquier persona formada en el Derecho sabe desde el primer día que ningún derecho es absoluto y que la libertad individual tiene un límite claro: el derecho del prójimo. Sin embargo, en los colegios vemos a diario cómo el atropello a un compañero se disfraza con el lenguaje de los derechos. El menor que insulta, aísla o acosa a otro suele justificar su conducta en su "libertad de expresión" o en su "derecho a juntarse con quien quiera".
A esto se suma otro vicio muy actual: la tendencia a sustituir la disciplina por la "terapeutización" de la falta. Ante una conducta abusiva o grave, la respuesta habitual de muchos colegios y padres es tratar al menor como si fuera de cristal, derivándolo al psicólogo y evitando a toda costa la sanción. El acompañamiento psicológico o emocional puede ser perfectamente necesario, pero jamás puede reemplazar a la consecuencia. Si agredir o humillar a un par solo deriva en una conversación terapéutica donde el infractor es tratado como víctima de su propio entorno, el mensaje que se le graba es nefasto: que sus actos no tienen un costo real y que la fragilidad autoinducida lo exime de responsabilidad. El tratamiento puede acompañar, pero la sanción y la asunción de culpa son insustituibles.
Si la escuela no cumple la función pedagógica de enseñarle a ese niño dónde termina su derecho y dónde empieza el abuso —y que traspasar esa línea trae consecuencias firmes—, la formación cívica ha fracasado. El respeto a la diversidad no consiste en tolerar que cada quien haga lo que le plazca ni en sobreproteger la mala conducta, sino en entender que la propia libertad no puede ejercerse jamás para pisotear la dignidad del otro.
Este no es un problema menor ni pasajero, porque existe una línea directa entre el patio del colegio y la vida en sociedad. El niño a quien nunca se le enseñó a autorregularse, a asumir consecuencias ni a respetar los límites del derecho ajeno no se convierte mágicamente en un ciudadano responsable al cumplir los dieciocho años. Lo que en la infancia se solapa como "cosas de chicos", "era una broma y se les pasó la mano" o "problemas emocionales sin sanción", en la adultez se traduce en prepotencia, desprecio por la ley, corrupción y, en sus manifestaciones más graves, en delito.
Recuperar el orden y la convivencia en las escuelas no requiere teorías complejas. Exige la firmeza necesaria para sostener un solo estándar para todos, la valentía de aplicar consecuencias reales sin tratar a los alumnos como porcelana intocable, y la claridad de enseñarle a las futuras generaciones que no existen derechos sin deberes, ni libertad sin responsabilidad.
