El jueves la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó archivar el pedido. Aprobó un texto más corto: 90 días y solo dos materias, seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. El dictamen, impulsado por Renovación Popular, Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno, salió con 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Falta el pleno de Diputados, convocado para el martes 6, y después el Senado. Leer: Dictamen sobre pedido de facultades ingresó a la agenda del Pleno de la Cámara de Diputados
El editorial de El Comercio llamó a ese resultado una actitud mezquina. Reconoció que el consenso evitó el archivo que pretendía Juntos por el Perú, pero sostuvo que podar la mayor parte de las facultades es una mezquindad que se debe corregir en el pleno. Recordó que, desde la Constitución de 1979, casi todos los gobiernos recibieron delegación legislativa. Leer: Una actitud mezquina
El premier Luis Galarreta dijo algo parecido en otro registro: saludó que no se archivara el pedido y advirtió que recortar las facultades frena al país. Habló de una ola criminal sin precedentes, del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía, de inteligencia, de penas más duras contra bandas transnacionales, de titulación de tierras agrícolas frente a El Niño y de agua y desagüe. Confía en que el pleno amplíe el alcance. Leer: Premier: Recortar las facultades frena al país
Las dos lecturas coinciden en el forcejeo y se quedan cortas en la gestión. Que una bancada haya buscado negarlo todo, y que otras hayan dejado solo dos materias, describe un conflicto real. No demuestra que el país esté frenado solo por falta de ley.
Galarreta tiene razón en un punto: parte de lo pedido —tipificar mejor el crimen organizado, precisar el apoyo militar y ordenar la respuesta ante daños de El Niño— no se resuelve con un memorándum. El editorial también acierta al separar el archivo total, que era un bloqueo, del recorte, que es una negociación. El pleno dirá hasta dónde alcanza la negociación.
Pero, lo que ninguna de las dos notas examina es lo que el Estado puede hacer sin norma nueva.
No está claro si este gobierno se pierde en la falta de ley o en la falta de gestión. Expertos en gestión pública sostienen que con lo que ya tiene podría haber avanzado en varios frentes. Poner orden en los penales es un problema de mando: quién decide, quién controla y quién responde. Mejorar el tránsito depende de decisiones y de control. Acelerar trámites es gestión. Promover inversiones es gestión. Abrir mercados es gestión y trabajo comercial. El propio premier se reunió con la Cámara de Comercio de Lima para hablar de inversión y empleo formal. Esa agenda no espera al dictamen. ¿Lo necesita?
El anuncio de decretos del 14 de septiembre sirvió sobre todo como presión. Un decreto de urgencia mueve recursos, atiende una emergencia y habilita compras. No reforma la Policía, no cambia el sistema penitenciario y no modifica leyes orgánicas. Sirve para la plata extraordinaria. No reemplaza a un jefe que no hace cumplir la norma vigente.
Los decretos pueden acelerar compras. Una ley delegada puede precisar penas y competencias. Pero, ninguna de las dos ordena por sí sola un penal, fluidifica el tránsito ni acorta un trámite que hoy se demora en el despacho.
El conflicto de septiembre sigue abierto: un sector del Congreso que no suelta el paquete completo y un Ejecutivo que dice que, así, el país se frena.
El recorte muestra que se pudo evitar el archivo. No muestra que la gestión esté a la espera de un permiso. Lo urgente puede delegarse. Lo cotidiano no necesita una ley nueva. Y es ahí donde, hasta ahora, el gobierno todavía no ha dado una respuesta clara.
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